La mejor y más directa manera de expresar el sentido político (cívico) es afirmar que una escuela pública sirve al bien común y especialmente a los más necesitados, a los grupos y clases sociales más desfavorecidas. Como han señalado Victoria Camps y Salvador Giner (2008: 45), «nadie, pero sobre todo el que más tiene, puede desentenderse del bienestar y la felicidad del resto. Ese es el compromiso que obliga al ciudadano y ciudadana en una democracia». No se trata, aquí, de una escuela exclusiva para los sectores sociales desfavorecidos como si de un guetto se tratase, sino, entiéndase bien, una escuela al servicio de la ciudadanía, pero especialmente de aquellos y aquellas que no quieren, pueden, ni tienen que comprar el servicio. El sentido cívico político de lo público se realiza en la materialización de un derecho ciudadano: el derecho a la educación. Por ello, como hemos visto antes, este derecho abarca a todos y, de ninguna manera, puede ser un derecho excluyente y, mucho menos, ha de convertirse en mercancía. Lo que sucede, normalmente, es que muchas familias abrazan el mito de que lo gratuito es de mala calidad y lo caro o lo que tiene un precio y, por tanto, ha de ser pagado, es de buena o mucha mejor calidad. Con este razonamiento no solo se anula el potencial de los derechos y se enraíza y legitima al mercado, sino que se abdica de la adscripción a la ciudadanía, trocándola por la de cliente (Laval, 2004; Sandel, 2012).
Este es un párrafo de uno de los documentos que escogí, elegí este párrafo porque me parece que resume muy bien de lo que iba mi documento y además, creo que abarca un gran problema que estamos teniendo en la actualidad. Este problema es creer que lo público es peor que lo privado.
